Gabriel Albiac

Pajín, entre dos familias

Del verano en Sicilia, retorné con los ojos abrasados por el relente del sol sobre los templos dóricos. También, en los atardeceres del hotel, atesoré otras imágenes. No menos memorables. En la mesa de enfrente se acomodaba la familia: patriarca tatuado de cabeza a pies, tremenda cónyuge de bella habla colombiana, pléyade de jóvenes que iban pasando sin transición de italiano a francés, ida y vuelta, tal vez corsos. La semana pasada le contaba la escena a un amigo que conoce mucho mejor que yo aquello. Me sonrió con benevolencia. Y se limitó a recordarme un dicho palermitano: «De la mafia, son todos los que lo parecen. Y los que no».

Vuelto ya a casa, me deleito en el espectáculo de la de la familia Pajín. La corrupción no es una patología extraña a la democracia; es su definitoria fragilidad interna. Frente a la cual, países ya curtidos en ese modelo («el peor de todos», decía Churchill, «si se exceptúan todos los demás») fueron elaborando sus dispositivos de control judicial y ciudadano. Todos los cuales reposan en dos axiomas: la prioridad de una sociedad civil libre y autónoma sobre los específicos asalariados suyos en quienes delega la administración pública; la independencia del poder judicial, frente a cualquier tentación invasiva de los políticos. Si uno de esas dos garantías falla, la democracia entra en crisis; si ambas quiebran, no hay democracia. Y la consagrada liturgia del voto cada cuatro años, pasa a ser máscara tras la cual se protege el poder omnímodo de una casta ajena a ley.

El coste de la áspera realidad desde la cual, a partir de 1975, se trató de instaurar un convencional modelo democrático en España pesó, de un modo especialmente duro, en esos dos soportes. Una ley de partidos que eludía cualquier control y limitación eficaz de la automática tendencia al abuso, generada por esas todopoderosas asociaciones de apoyo mutuo; una Ley Orgánica del Poder Judicial, con la cual González y Guerra dejaron el gobierno de los jueces en manos de los partidos. La ley del suelo consagró su tolerada financiación subterránea. Recalificar suelo es atributo municipal, que la Constitución misma consagra. Desde el inicio mismo de la democracia, todos los partidos entendieron que ésa era la caja B de sus ruinosas finanzas; y, de paso, un factible modo de enriquecer personalmente a quienes la gestionaran. Recalificar un terreno -no digo ya, si es en zona turísitica-, para que de rural pase a edificable, es multiplicar su valor por diez, cien... ¿quién sabe cuánto? Literalmente, de la noche a la mañana. ¿Qué menos que llevarse un mínimo porcentaje de la súbita riqueza llovida sobre el constructor beneficiario? Nada permite controlar ese agujero negro. Nada. Y van ya treinta y un años.

Benidorm es la hipérbole de ese baúl de Midas. En la zona con mayor movimiento de edificación de la península, la concejalía de urbanismo vale una fortuna. Más alta de lo que los pobres mortales podamos llegar a imaginar. Los Pajín, que han sido por tres décadas los amos del socialismo local alicantino, saben milimétricamente eso. El patriarca y su esposa, por supuesto. La hija, que vino al mundo con el carné del PSOE -y la consiguiente garantía laboral de por vida- en los pañales, lo sabe no en menor medida. Sus vidas han transcurrido en la matriz de la gran familia que es hoy un partido político. Ni uno de sus vericuetos, ni una de sus astucias, les son extraños. La hija permanece en la cúpula de la familia socialista; los progenitores, en el corazón de la otra. Y mi amigo sonríe ante mi ingenuidad: «De la mafia, son todos los que lo parecen. Y los que no».