GABRIEL ALBIAC

Crónica de alcantarillas

Nadie va a responder -de pagar ni hablo- por lo más grave que pueda sucederle a una democracia: que sus supremas jerarquías de seguridad actúen al servicio de una banda terrorista. Es, al menos, lo que acaba de formular la fiscalía. En dos extraordinarios movimientos de tablero: primero, el que sugiere que el chivatazo a ETA, en vísperas de que parte de su jefatura fuera a ser detenida en el bar Faisán, provino de la dirección misma de la policía; después, el que establece que es mejor dejar las cosas impunes y cerrar el caso.

Estamos, otra vez, en los desagües del Estado. Pero puede que, en España, el Estado no sea mucho más que sus desagües. Al menos, desde que Felipe González apostó por imprimir de un modo perenne el sello del socialismo sobre la Constitución española. En dos por igual luctuosos movimientos: a) desdoblamiento del ministerio del interior, cediendo la función operativa al ministerio sumergido, eso que, para simplificar, llamamos GAL; b) liquidación de la autonomía del poder judicial, consumada por la Ley Orgánica del año 1985. De ambas cosas resultó este extraño mundo en el cual vivimos: a mitad de camino entre una democracia, algunos de cuyos preciosos atributos -libertad de expresión, elecciones regulares...- bien que mal conservamos, y un muy poco ilustrado despotismo, cuyo mayor gravamen es la potestad de ciertas estructuras ejecutivas del Estado para delinquir al margen de responsabilidad legal si llega el caso. Que llega. Siempre.

Escena en Argel, verano de 1989. Frente a frente, Domingo Iturbe, Txomin, y Rafael Vera, el hombre de los desagües. Socialista nacional frente a nacional socialista. Pistola frente a pistola. Delincuente frente a delincuente. Ha sido el momento crítico de cuatro decenios de negociación entre la red armada clandestina del nacionalismo vasco y la red armada clandestina del socialismo español. Pudo llegar a puerto. Porque sólo entre los iguales es posible el acuerdo. Pero Iturbe acabaría muerto. Y Vera en la cárcel. Ni está claro quién carga con la muerte del primero, ni lo está quién entrega la cabeza del segundo. Pero al precio de ambas, muerte y decapitación, el sistema quedó a salvo. ETA siguió como siempre. El subsuelo de interior, también. Y entre las criaturas de las sombras siempre quedan misteriosas galerías en donde la comunicación más oscura es posible.

Eso volvió a suceder en mayo de 2006. «Alguien» avisó al ministerio de finanzas de ETA: la pasma iba a trincarlos al día siguiente, en su lugar de reunión, con las manos en las pasta. Ese alguien sólo podía estar en lo más alto de la pirámide de la seguridad nacional. Y, al tiempo, en lo más hondo de sus pozos negros. No parece difícil darle nombre. Como no lo parecía, cuando lo del GAL, apuntar directamente a José Barrionuevo... Más allá, las tinieblas de una incógnita, a la cual el mismo Garzón de ahora bautizó con una convencional X. Pero X quedó a salvo, al precio de las cabezas de ministro y viceministro. Durante ocho largos años, su banda pasó al ostracismo. Durante esos ocho largos años, en los que el gobierno Aznar no se atrevió a depurar las completas responsabilidades; ni siquiera a limpiar discretamente el ministerio oculto. Vino después el once de marzo de 2004. Retornaron los de los desagües. Cometieron un error crítico que los puso al descubierto en el Faisán. Pero allí estaba Garzón. Allí estaba la fiscalía. Y aquí estamos nosotros. Sin Estado garantista que merezca tal nombre. Es la perpetua crónica de las alcantarillas. No hay misterio. Todos sabemos que a esto se llama Estado-González, Estado-PSOE. Lo sabemos. Pero da lo mismo.