César Vidal

Decálogo para una reforma

Hace apenas unas horas, el actual factótum del PNV, Iñigo Urkullu, se ha descolgado con la afirmación tajante de que el actual sistema autonómico ha quebrado. Atribuye Urkullu esa situación, de manera fundamental, al rechazo del plan Ibarreche y al nuevo estatuto catalán y propone como medida para salir del atolladero una segunda transición. Sin que sirva de precedente, creo que no hay poco de verdad en las afirmaciones de Urkullu. Efectivamente, la acción de los nacionalistas vascos y de los nacionalistas y socialistas catalanes se ha traducido en una quiebra, difícil de negar, del modelo constitucional, modelo, dicho sea de paso, que adoptó el contenido autonómico precisamente para contentar a los nacionalistas; efectivamente, en esa quiebra han sido esenciales el plan Ibarreche y el nuevo Estatuto catalán y, efectivamente, esa quiebra exige, como también indica Urkullu, un pacto que podría denominarse nueva Transición. Sin embargo –y aquí temo discrepar con el peneuvista– ese nuevo marco no puede reforzar las desigualdades en favor de los privilegios más que abusivos conseguidos por los nacionalistas ni reducir todavía más el papel del Estado, que se ha visto reducido a una realidad residual que apenas puede hacer más que ridiculeces como el Plan E. Si, por el contrario, lo que deseamos consolidar es un modelo nacional y democrático al servicio no de los privilegios de unos cuantos sino de ciudadanos libres e iguales, deberíamos asumir un decálogo de reforma similar al siguiente: 1. Suprimir tratos de favor fiscal como los conciertos vasco y navarro, tributando por el mismo sistema todas las regiones españolas. 2. Suprimir el trato de favor de carácter legal a cualquier sector de la población, sea cual sea, incluyendo lobbies y subvencionados al servicio del poder político. 3. Devolver competencias al poder central en áreas como, por ejemplo, la enseñanza, consagrándose el principio de que los padres podrán educar a sus hijos en cualquier parte de España en la lengua oficial de todos los españoles. 4. Situar el presupuesto en poder del Gobierno nacional en no menos del setenta por ciento de su cuantía, de tal manera que pueda hacer frente a los desafíos con que se enfrenta la nación y que se dificulte el empleo del dinero del contribuyente en beneficio de las oligarquías locales. 5. Reformar el sistema electoral mediante listas abiertas que obliguen a responder a los candidatos ante el pueblo y no ante las cúpulas de los partidos. 6. Reformar el sistema electoral mediante listas únicas de carácter nacional que otorguen a los partidos una representación proporcional a sus votos. 7. Separación real de poderes con respeto escrupuloso a la independencia del poder judicial. 8. Liberalización de los medios de comunicación mediante la supresión de la intervención del poder político en su concesión y actuación. 9. Limitación del endeudamiento nacional y de otras magnitudes macroeconómicas a lo establecido en los criterios de la UE y 10. Separación real de iglesia y Estado, impidiendo a éste la regulación e intromisión en asuntos relacionados con las confesiones religiosas. La asunción de un decálogo como éste permitiría anteponer la libertad y de la igualdad de los ciudadanos a los privilegios y, de esa manera, el sistema aún podría salvarse. De lo contrario, si continuamos con uno que hasta los nacionalistas ven ya quebrado, sólo queda esperar a que tenga lugar su extinción final.