César Vidal

Irak: la guerra que era legal

En 2003, Aznar decidió apoyar la intervención contra la dictadura de Sadam Hussein en Irak. El episodio, inmortalizado en la foto de las Azores, fue, aunque entonces no lo sabíamos, el canto del cisne de la diplomacia española, algo que la izquierda no podía soportar. De hecho, se lanzó a la calle en manifestaciones donde se llamó «asesinos» a los miembros del PP y donde algún director de programa radiofónico, según estúpida confesión propia, aseguró que se había sentido treinta años más joven. El argumento más utilizado fue el de que la guerra de Irak era ilegal y el martilleo resultó tan eficaz que cuando el 11 de marzo de 2004 se produjo en Madrid una serie de atentados que causaron la muerte a cerca de doscientas personas, la izquierda y los nacionalistas los conectaron con Irak y lograron un vuelco electoral, bien es verdad que precedido por la violencia contra miembros del PP, el cerco a sus sedes y la violación de la jornada de reflexión por parte de Rubalcaba. ¿Se creían verdaderamente su propaganda ZP y los suyos? Que una parte del pueblo español la creyó es indudable; que muchos de los militantes de izquierdas lo creyeron resulta innegable, pero ahora podemos afirmar de manera rotunda que ni ZP ni sus acólitos creyeron jamás en lo que decían. La prueba se halla en el Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre de 2004, sobre indemnizaciones para los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. El texto fue elaborado por el Ministerio de Presidencia de María Teresa Fernández de la Vega y firmado por siete ministros del primer Gobierno de ZP, a saber, el de Economía, Pedro Solbes; el de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el de Defensa, José Bono; el del Interior, José Antonio Alonso; el de Trabajo, Jesús Caldera y el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En la Memoria Justificativa que acompañaba al Decreto se incluía un listado de las operaciones del Ejército español en el exterior amparadas por resoluciones de la ONU: Bosnia, Burundi, Sudán y, por supuesto, Irak. De hecho, sobre la intervención en Irak, el texto firmado por los ministros de ZP afirmaba textualmente: «La participación española, amparada por las Resoluciones 1441 (2002) y 1483 (2003) y 1511 (2003), se concretó el envío de dos diferentes tipos de unidades con la misión de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad», es decir, los mismos términos que utiliza ahora ZP para negar que en Afganistán nuestras tropas estén en misión de guerra. Para remate, el citado decreto-ley en el apartado «otras operaciones no amparadas por Resoluciones Internacionales», incluía la Operación Golfo Pérsico de 1990 con una fragata de la Armada Española en la que iban soldados de reemplazo. En otras palabras, la intervención de Felipe González en la guerra del Golfo sí fue una guerra ilegal, según el propio lenguaje utilizado por los socialistas y según el citado Decreto. Pocas maniobras más sucias, indignas y viles ha habido en la Historia de España que la manera en que el PSOE y sus aliados utilizaron la guerra de Irak. Ahora sabemos documentalmente que no menos de siete ministros de ZP sabían de sobra que la intervención en Irak fue legal. Con gente así no puede extrañar nada de lo que ha sucedido en España en el último lustro.