El pasado jueves tenía lugar el sexto aniversario de la masacre del 11-M. A lo largo de todo este tiempo, todos los poderes públicos y partidos políticos han pretendido tender un espeso manto de silencio sobre un atentado que constituye la mayor masacre terrorista de la historia de España y de Europa y que cambió de forma drástica nuestra Historia, poniendo en marcha un proceso de demolición constitucional que todavía continúa.
Zapatero accedió al gobierno al grito de "España se merece un gobierno que diga toda la verdad", pero lo cierto es que ese gobierno ha pretendido que los españoles nos olvidemos de la masacre y que nos conformemos con una versión oficial no ya falsa, sino pura y simplemente absurda, inconcreta e incoherente.
La Justicia hubiera debido suplir la falta de interés investigador del Gobierno, realizando una instrucción sumarial dedicada a averiguar la verdad. Pero, en lugar de ello, el juez Del Olmo pretendió construir un sumario a partir de pruebas manifiestamente ridículas, obstaculizó cuanto pudo la labor de esas acusaciones que hubieran podido aportar el celo investigador del que otras instancias carecían y terminó por hacer naufragar el sumario en un mar de mentiras, de contradicciones, de ocultaciones y de manipulación. El tribunal del 11-M remató la faena, dando por buena una parte de la versión oficial a pesar de haber quedado de manifiesto su total falta de solidez, permitiendo que se mintiera en la sala del juicio y engañando a las víctimas al prometerles que se deduciría testimonio contra los perjuros.
La Oposición, que en la anterior legislatura sí se hizo eco de muchas de las investigaciones que los medios de comunicación independientes realizaban, dejó de hablar del 11-M después de las últimas elecciones, como si hubiera decidido ignorar que la versión oficial no se sostiene y como si no fuera consciente de que la única manera de detener el proceso de destrucción constitucional es, precisamente, averiguando la verdad sobre aquel atentado que marcó el inicio del proceso.
Los principales poderes públicos han fallado. Pero ni los medios de comunicación independientes han dejado de investigar, ni las víctimas del 11-M han dejado de reclamar Justicia, ni la ciudadanía española se ha resignado a vivir en la mentira y en un estado de democracia secuestrada.
Y el tiempo va, lentamente, dando la razón a aquellos que venimos denunciando que el 11-M fue un crimen político, con unos objetivos políticos claros, y que la versión oficial es una estafa de principio a fin, por mucho que los poderes públicos entierren la cabeza en la arena, pretendiendo, como el avestruz, que los problemas no existen.
Seguimos sin saber la verdad, pero al menos hemos conseguido identificar las mentiras. Y estamos en condiciones de reclamar aquello que prometieron quienes hoy ocupan el Gobierno.
Señor Zapatero, señor Rubalcaba, los ciudadanos españoles queremos saber:
1) Quién dio la orden de empezar a destruir los trenes, es decir, los escenarios del crimen, 48 horas después de la masacre.
2) Dónde están los listados de las muestras que los Tedax recogieron, entre las cuales tiene que haber, forzosamente, restos de los artefactos explosivos verdaderamente utilizados en los trenes.
3) Dónde están esos centenares de kilos de muestras recogidas en los trenes o quién dio la orden de destruirlas.
4) Quién dio la orden de no enviar las muestras de los trenes al laboratorio de la Comisaría General de Policía Científica, incumpliendo todos los protocolos.
5) Dónde están los informes originales de los análisis realizados por los Tedax.
6) Quién dio la orden de no adjuntar esos informes originales de análisis al sumario del 11-M.
7) Qué informes realizó el Grupo de Reconstrucción de Artefactos de la Unidad Central de Tedax para intentar deducir la composición de las bombas a partir de los restos encontrados en los trenes.
8) Dónde apareció verdaderamente la denominada mochila de Vallecas, esa falsa prueba a partir de la cual se construyó toda la insostenible versión oficial de la masacre.
9) Por qué ninguna instancia pública ha tomado ninguna medida ante las denuncias realizadas por la directora del Instituto Anatómico Forense, doña Carmen Baladía, en el sentido de que en las autopsias de las víctimas del 11-M no apareció metralla de origen terrorista, lo que demostraría, sin duda ninguna, que la mochila de Vallecas es una prueba falsa.
10) Por qué no se hicieron las autopsias a los supuestos suicidas de Leganés.
11) Quién realizó las falsas llamadas de despedida de esos supuestos suicidas y quién falsificó el testamento de uno de esos supuestos suicidas.
12) Quién falsificó el libro de caja de una tienda de aparatos electrónicos propiedad de unos hindúes para tratar de convencernos de que en los trenes de la muerte se utilizaron teléfonos móviles para activar las bombas.
13) Quién colocó en Alcalá de Henares, tres meses después de la masacre, un coche Skoda Fabia cargado de pruebas que apuntaban a los islamistas, coche que la propia Audiencia Nacional tuvo que desestimar como prueba, ante las abrumadoras evidencias de que se trataba de una prueba falsificada.
14) Qué investigaciones ha realizado el Ministerio de Interior, o los servicios de información, para averiguar quién colocó en Alcalá de Henares ese Skoda.
15) Cómo es posible que presuntos implicados de los que los informes policiales apuntaban que podrían haberse suicidado en Irak aparezcan años después vivitos y coleando en Marruecos.
Podríamos seguir durante horas desgranando mentiras, medias verdades, manipulaciones y ocultaciones, pero baste este botón de muestra para dejar constancia de que, por mucho que algunos se empeñen en crear versiones oficiales artificiales, la verdad terminará por abrirse camino, porque las mentiras están demasiado a la vista.
Queremos saber, señor Zapatero, toda la verdad del 11-M. Los españoles nos merecemos, señor Rubalcaba, un gobierno que no mienta. Y ustedes tienen la obligación legal y moral de iniciar una nueva investigación que permita a los españoles estar seguros de que los verdaderos responsables del atentado y de las tramas de ocultación han pagado por sus delitos y cerciorarse de que nadie pueda volver a repetir en España una cosa así.
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