Juan Velarde

¿Se oirá la voz de un cicerón?

Más de una vez es preciso bucear en la historia económica y observar cuándo se produjeron grandes cambios en la política económica. Pero lo indudable es que las catástrofes públicas, y una es la actual, generan cambios importantes en la orientación que va de la política a la economía.
Lo exige, en primer lugar, su magnitud porque, como señaló con acierto Juan Miguel Villar Mir en su conferencia «La salida de la crisis y el sector de la construcción», pronunciada en el Club Siglo XXI el 28 de enero, «en nuestro país coinciden y se suman tres crisis: la crisis financiera mundial, la mayor desde 1929; nuestra propia crisis inmobiliaria...; y la crisis, también intrínsicamente española, de pérdida de competitividad de nuestra economía, con efectos acumulados por excesos salariales y de inflación durante una década, desde que en 1999 entramos en el euro». Todo eso estalló en julio de 2007. El 13 de agosto de ese año, como consecuencia de lo que sucedía, yo escribí en ABC un artículo que titulé «¿Una crisis económica en España?», y que completé, también en ABC, el 27 de agosto de 2007, con otro, «Casandra y los desequilibrios». A partir de ahí todo empeoró. Quizás quien últimamente acertó a sintetizar mejor lo sucedido es el trabajo de Jeremy Grantham, en enero de 2010 y en «GMO. Quarterly Letter», bajo el título, que traduzco, de «¡Vaya década!» - «¡What a decade!» y donde se lee esto: «Nunca hemos experimentado tan rápido deterioro en el presupuesto del sector público y en el balance de situación de la Reserva Federal, ni presenciado tal riesgo moral, con tantos planes de reflotamiento revoloteando así alrededor». O como titula la publicación «Asesores Financieros y Tributarios», febrero 2010, su artículo inicial: «Demasiados nubarrones a la vista», y en el que se escriben párrafos tan significativos como éste: «La realidad desgraciadamente es que, con independencia de la situación real de la economía -porque «las cifras económicas... siguen sin mostrar los «brotes verdes» que se anunciaban hace no muchos meses»-, se ha instalado así en los mercados internacionales la idea de que la situación de la economía española no es sostenible y que hay peligro de impago de la deuda externa». O bien ese artículo de Jean Pisani-Ferry, el economista director de Bruegel, un centro de investigaciones y debates sobre las políticas económicas europeas, titulado «C´est le tour de l´Espagne», aparecido en «Le Monde. Economie», el 17 de marzo de 2010. En él, se parte de un dato: «De 1998, último año antes del euro, a 2007, los salarios han aumentado un 50% en España. A lo largo del mismo tiempo, no se han incrementado en Alemania más que un 25%», pero no ocurre nada parecido, sino lo contrario, en la productividad: un 7% en España frente a un 15% en Alemania. Esta fuerte separación, imposible dentro de una misma área monetaria, ¿cómo se puede resolver sin competitividad?» Pisani-Ferry va descartando posibles senderos y observa que sólo queda uno: el de «la reconquista paciente y dolorosa» de tal competitividad. Y para lograrlo, «será preciso un gran esfuerzo de la sociedad española». Pero también que Alemania comprenda que «con una congelación de salarios como acaba de suceder en la metalurgia, se corre el riesgo de que la ecuación española no tenga solución».
Al final de esa década que tan bien describe Grantham, en medio de los nubarrones que se ciernen sobre nosotros, es urgente cambiar de arriba a abajo la política económica, porque la actual nos ha conducido a la situación que el profesor Fernando Fernández, de la IE Business School, definía así en su artículo «Nos estamos quemando», en «El Economista» de 6 de febrero de 2010: «España aparece hoy irremediablemente condenada a un largo periodo... de estancamiento económico, desempleo masivo y deterioro progresivo de los servicios públicos». Llámese Catilina a la política económica equivocada, y bien podría decirse ante ella aquello de Cicerón: «Usque tandem Catilinam abutere patientiam nostram?» En España se eliminó ese Catilina -o sea, la política económica previa, por ejemplo, en 1876 con Cánovas del Castillo o en 1900 con Fernández Villaverde, o en 1959 con Ullastres y Navarro Rubio, o en 1977 con Fuentes Quintana, o en 1996 con Aznar y Rato. Entonces se acertó. Pero no cuando en 1868, tras destronar a Isabel II en plena crisis derivada del hundimiento, en mayo de 1866 en el Reino Unido, de la banca Querend, Gurney & Co., entonces la más importante tras el Banco de Inglaterra, se planteó la política disparatada del Sexenio Revolucionario. O bien cuando, para combatir la fuerte crisis surgida al concluir la I Guerra Mundial, a Cambó no se le ocurrió más que acentuar el proteccionismo, mantener la monetización de la deuda pública e incrementar intervencionismos corporativos. O cuando Wais, para mejorar el tipo de cambio de la peseta contra la opinión que daba Keynes en Madrid, decidió, en plena Gran Depresión, recortar el gasto público. La sociedad española tiene ahora la responsabilidad de optar.