Tomás Cuesta

Derechos rumanos

La inmigración descontrolada es uno de esos asuntos tan reales y urgentes que la reacción de los gobernantes suele ser negarlos o aplazarlos. Lo novedoso es que la oposición haga lo mismo, con lo que una cuestión peliaguda de por sí se convierte en un verdadero marronazo. En el andamio, en la tahona y en la taberna, además de fútbol y toros, de crisis y paro, se habla de inseguridad, de prestaciones sociales y de igualdad de oportunidades. De derechos y de obligaciones. No así, sino en forma más abrupta, llana, manejable y clara, sin ambages. Tampoco se hacen distingos. Da igual que esté delante Mohamed, Poncio José o Nicolae. Es más, es que suelen estar, como cualquiera de entre nosotros y cuando se habla de eso acostumbran a ser claros. Cuestión de principios. Será porque vienen de países en los que con frecuencia el que la hace la paga; en los que un sistema jurídico garantista les suena a cocina molecular. Por favor, si la alcaldesa de Salt, con un cuarenta y tres por ciento de población inmigrante, tuvo que sentarse a parlamentar con un reincidente múltiple. Por cierto, en esa población gerundense ha descendido la delincuencia gracias a dos medidas notoriamente experimentales: encarcelar a seis de los ocho delincuentes con más delitos a sus espaldas y aumentar la plantilla policial. Un veinticinco por ciento ha bajado el número de denuncias. Menos es nada.
A pocos kilómetros de allí, en Badalona, a un concejal del Partido Popular, Xavier García Albiol, le van a denunciar la Generalitat, el Síndico de Agravios y puede que el Consejo Audiovisual de Cataluña y hasta su propio partido por plantear y pretender cosas parecidas a las de Salt. Dice este edil, en la oposición, que en su municipio hay pisos patera, que hay grupos de delincuentes de nacionalidad rumana, etnia gitana y seguramente pasaporte comunitario cuyas actividades ilícitas entrañan un grave perjuicio para el resto de la ciudadanía, cuyos derechos se ven pisoteados como víctimas, como contribuyentes y como ciudadanos, puesto que la retórica del Gobierno fluctúa entre la nadería multicultural, las supercherías indigenistas del comercio justo y la mano dura a escondidas, muy de vez en cuando.
En esas condiciones, a una banda de rumanos, por abreviar, España les parece la bomba, el paraíso terrenal y lo que más cerca les queda es Cataluña. Ellos es que no se han enterado de lo del Estatut. Llegan, hacen la campaña del trinque y se largan a disfrutar de lo obtenido a su país. Funciona así y así lo cuenta, más o menos, el díptico por el que se ha organizado un auto de fe contra García Albiol. En una fotografía de un balcón de Badalona, un vecino ha colgado un cartel en el que se lee: «No queremos rumanos». Esa es una de las imágenes del panfleto que repartía el concejal, un tipo con un discurso muy incorrecto, pero no hasta el punto de negar los derechos humanos, ni tampoco de los rumanos. En las últimas elecciones municipales su lista logró siete concejales, por delante de los cinco de CiU e Iniciativa, y a dos del PSC. ERC tuvo uno. Ser segundo no es ningún éxito, pero si el segundo es el PP y el lugar una ciudad catalana... No obstante, la relación entre inmigración e inseguridad es tan resbaladiza como injusta, igual que considerar a los españoles racistas. Que el PP haya obligado a Albiol a retirar esa propaganda implica asumir un pecado de otra religión. Que los partidos del tripartito pretendan llevar al PP a los tribunales por impulsar una campaña racista sólo puede significar dos cosas: la vigencia del pacto del Tinell y que tras lo de Salt, no quedan mossos para Badalona.