MANUEL RAMÍREZ, Catedrático de Derecho Político

Autonomías: el derroche que parece «intocable»

Tengo para mí que en los momentos en que escribo estos párrafos deben quedar ya pocas afirmaciones peyorativas vertidas sobre las formas a través de las cuales el actual Gobierno piensa hacer frente a la necesidad del recorte económico. Ya se ha dicho casi todo: dimisión del Gobierno, urgente convocatoria de elecciones, sustitución del actual presidente por otro de su mismo partido, amenaza de huelga, etcétera. En mi opinión, ninguna de estas «propuestas» tendrá el menor éxito. Si el actual presidente disminuyera un tanto los rasgos de su personalidad, por cierto ya descrita por el mismo Freud, quizá lo único que pudiera servir para algo sería una manifiesta y enérgica discrepancia llegada desde el PSOE (militantes y figuras con algún grado de «reconocimiento» dentro del partido, a pesar de que estas últimas están alejadas o en incomprensible silencio). Pero, por ahora, pocos indicios hay de que esto último ocurra.
Aunque quede poco por añadir en este terreno y antes de abordar lo que con estas líneas pretendo, permítame el lector una breve alusión a dos apuntes que me parecen negativos y a un tercero con algunas notas de positivo. En primer lugar, la insólita forma de manifestar las medidas. De pronto. Sin consultas previas sobre su acierto o desacierto. Como algo personal que se anuncia al Congreso para obtener... la oposición de todos los partidos allí representados. ¿Es que se esperaba otro resultado? No he podido evitar el recuerdo de una aparición en Televisión, un domingo a media tarde, para anunciar que «había ordenado» la retirada de nuestras tropas de Irak. Parece que es su estilo. En segundo lugar, sorpresa por el contenido, ciertamente no muy compatible con el apellido que el partido al que pertenece posee desde siempre. Las víctimas de los recortes van a ser los sectores con menos riqueza: clase media, funcionarios, pensionistas, pequeñas empresas. Naturalmente los más abundantes y, sobre todo, los que más a mano tiene. Y en general. Como un todo. Empleado público es un conserje de un modesto Ayuntamiento de pueblo, un maestro de escuela que ha tenido que aprobar oposiciones frente a cientos de aspirantes y un alto funcionario de un Ministerio. ¿Es que no era posible la distinción según ingresos y según dificultades en la obtención del puesto? Y, claro está, ni una palabra sobre «los lugares» donde depositan sus haberes los multimillonarios. Ni sobre los bancos que, incluso en plena crisis, siguen presumiendo de las astronómicas ganancias del año. Ni de comisiones, ni recargos ni tantas cosas más. Pero, ¡qué ingenuidad! En un sistema de partitocracia, ¿de dónde sale el dinero para los partidos? Y algo curioso y ejemplar: mientras se producía la tan decisiva llamada de Obama al presidente Zapatero, el titular de la Casa Blanca anunciaba unas medidas para regular la Banca en el país más capitalista y poderoso del mundo. Como antes lo ha hecho con la sanidad pública. Claro que a lo mejor es que Obama no habla bien inglés y por eso no se le entendió del todo.
No me olvido del tercer apunte que he calificado de positivo. Sencillamente, a gran parte de la sociedad se le han «abierto los ojos» y ha tomado conciencia sobre en qué manos estamos. Lo de la Memoria Histórica, el quitar crucifijos y cambiar nombres de calles e instituciones (en el futuro ya ni se sabrá quién fue el primer director de la Academia General Militar de Zaragoza, por ejemplo) no era suficiente. Ahora es algo que el español difícilmente olvida: ¡que le toquen el bolsillo! De aquí el general descontento. Ya veremos en qué queda tan estólida conducta.
Pero vamos al fondo de la cuestión y con palabras muy claras. El auténtico origen del gasto y hasta del derroche y escándalo está en las Autonomías. No digo disminución más o menos notable de la cantidad que reciben del Estado. Me refiero a algo que se deriva de la misma existencia y de la misma estructura de las llamadas Comunidades Autónomas. Durante estos días no he oído la menor referencia a este tema por parte de los partidos. De ninguno de ellos. Únicamente ha aludido a este problema el director de este periódico, Ángel Expósito. Y lo ha hecho con valientes y duras afirmaciones: el actual modelo de Estado (mal llamado «Estado de las Autonomías») resulta absolutamente insostenible. Nuestro país no puede sostener lo que Expósito llama «monstruo de administraciones superpuestas». Y eso que, entre los ejemplos de superposiciones que cita, no están «las comarcas», absolutamente innecesarias y creadas artificialmente por razones electorales. Va de suyo que el origen de cuanto ahora sufrimos en este tema estaba ya en la redacción de la misma Constitución: empleo de la expresión «nacionalidades» (a ello no llegó ni la Constitución de la Segunda República ahora tan «generosamente recordada»), distinción entre Comunidades con base a algo tan discutible como si en el pasado hubieran votado Estatutos, generalización de Autonomías sin ningún requisito previo (se valoraba «lo diferencial», en vez de lo común, sabiendo que lo diferente no existía o se inventaba sobre la marcha) y, posiblemente lo peor, dejando abierta la cesión de competencias estatales a las Comunidades (artículo 150,2) que es lo que en realidad ha servido para el «toma y daca» actual, con el auténtico adelgazamiento del Estado. Naturalmente, acabar con esto supone la redacción de un nuevo texto constitucional (algo previsto en el artículo 168) y muy posiblemente hasta el diseño de una democracia bien distinta a la actual partitocracia sin límites que es lo que, se diga o no, ahora tenemos.
En el terreno económico esto llega a lo escandaloso. Mantenimiento de diecisiete «Parlamentos regionales», miles de sueldos de diputados regionales, Gobiernos regionales cuajados de consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios técnicos, asesores a cientos y nombrados a dedo, Defensores regiones de esto o aquello, empleados en grupos parlamentarios, coches oficiales, escoltas, locales, etcétera. Sin olvidar las creaciones de «Embajadas» de algunas Comunidades en el extranjero o representaciones en Madrid, subvenciones sin control y a quien convenga, sueldos en el Senado para traducir intervenciones caprichosas cuando existe un idioma oficial común que todos conocen. ¿Podemos seguir costeando este auténtico derroche? ¿Es que no existen otras formas más sencillas y económicas para canalizar las indudables variedades que dan riqueza a la Patria común pero que no la lleven a la ruina? Y todo esto, ¿a cambio de qué? Reitero: no podemos seguir con este auténtico derroche, casi siempre manchado de caciquismo partidista. Y por aquí, justamente por aquí y no por los maestros de escuela, es por donde hay que comenzar a la hora de hablar de ahorro. Aunque, claro está, se acabe con quienes precisamente viven a costa de las Autonomías.
Y si ésta es la consecuencia en el terreno económico, de igual o superior importancia es la que se encuadra en el terreno ideológico o político. A medida en que se impulsaba y premiaba lo diferente, a medida en que renacía lo que hace años me atreví a llamar «regionalismo visceral» y, por supuesto, a medida igualmente en que ninguna autonomía consentía tener menos que la vecina y con ello se jugaba electoralmente, como consecuencia de todo ello ha ido disminuyendo por doquier el sentimiento de un prioritario y hasta orgulloso talante de pertenencia a un todo común llamado Patria. ¡Qué olvido actual de aquel deber de amarla que establecía nada menos que la primera de nuestras Constituciones, la gaditana de 1812! Lo que se ha derivado de este aquelarre autonómico es la valoración de lo cercano, de lo que cada Comunidad establece como vivencia próxima. Y así es fácil oír que uno es catalán, vasco, andaluz o gallego y después, y no siempre, se añade «y español». Y decimos que no siempre.
En tristes ocasiones España importa poco o nada y el deporte más practicado es la quema de su bandera o el desprecio a cuanto de español o «nacional» exista. Y sin que nadie impida que así ocurra. Creo que no hace falta los ejemplos. Me limito a concluir con la más despreciable condena de cuantos son claramente culpables de que hasta aquí hayamos llegado «gracias» a un modelo de Estado que debe tener fin inmediato. Y como nadie parece dispuesto a seguir este consejo, vuelve la imagen del particularismo que Ortega denunciara hace muchas décadas en su «España invertebrada»: la parte se considera un todo y España era, en palabras del maestro, una serie de compartimentos estancos. Decididamente, seguimos repitiendo la historia. Y casi siempre, al repetirla, la empeoramos.