Juan Velarde Fuertes

El serio asunto del endeudamiento

El profesor Centeno, en una oportunísima estimación que parece plausible y que se ofrece en el artículo «Los grandes desequilibrios de la economía en cifras», que aparecía en «El Confidencial» el 7 de septiembre de 2009, calculaba que «la deuda pública total a fin 2009 ascenderá a unos 760.000 millones de euros, o el 76% del PIB. Y aunque no todo es compatible a efectos de Maastricht, es obvio que estamos encima del 60%».

Esto, automáticamente repercute en las estimaciones de la solvencia de nuestra deuda pública. Véase en ese sentido el artículo de Jonathan House, «Spain wrestles itself to shrink deficit. Goals are complicated by central government's weak hand, next to regional powers, in setting public spending», aparecido a toda plana en The Wall Street Journal, 25/27 septiembre 2009, donde se subraya que, del gasto público total español, sólo corresponde al Gobierno Central el 21,6%; a las comunidades autónomas, el 36,3%; a los ayuntamientos el 13,2%, y al sistema de pensiones, el 28,8%. Y añade ese artículo que S&P, en junio, rebajó la clasificación del puesto de la deuda de Cataluña de AA a AA , anunciando la posibilidad de hacer más degradaciones en otras varias deudas, y en enero la deuda soberana de España se degradó a AA+, del máximo anterior AAA.

Todo esto es grave por sí mismo. Basta tener en cuenta las declaraciones del Economista Jefe del FMI, y antes profesor en Harvard en el MIT, Olivier Blanchard, quien indicaba en L'Express de 24/30 de septiembre de 2009, que era posible, si no se actuaba combinando déficit con reformas estructurales, que «los mercados financieros perdiesen pronto o tarde la confianza en la capacidad de los Estados de reembolsar las deudas. No se sabe cuándo ni cómo, pero las consecuencias pueden ser extremadamente desagradables».

Toda esa desconfianza se comienza a mostrar con los diferenciales -los «spread» de los intereses de la deuda respecto a otros países marcados por los mercados financieros. En la española a 10 años y los mismos tipos de interés, vemos que, el 24 de septiembre de 2009, según Financial Times la misma deuda pública, la gubernamental a diez años, rinde un 3,85% al año la española, pero la análoga alemana se acepta que rinda un 3,34%, la francesa que perciba un 3,59%, la norteamericana, un 3,41%, la británica un 3,72%, o la sueca un 3,43%. Se piden aun más tipos de interés que a España al bloque de Irlanda, Portugal, Grecia e Italia, con lo que se vincula Spain a ese bloque denominado despectivamente de los PIIGS. Pero si tenemos tipos de interés altos en la deuda pública, ¿qué no sucederá en la privada? Incluso se rehuye prestar al sector privado, mientras sí se hace al Estado. El mecanismo es sencillo. Lo exponen así D. Badia y M. Romaní en Expansión el 26 de septiembre de 2009: «Según previsiones de Merrill Lynch, el volumen, sólo de bonos (del Gobierno español) podría superar los 100.000 millones de euros en todo el ejercicio (2009)... La Banca... saca un beneficio con buena parte de estos bonos, porque le sirven para usarlos como porcentaje en las subastas de liquidez que realiza de forma rutinaria el Banco Central Europeo (BCE). El BCE presta a la banca a cambio de un aval. En este caso, la garantía es la deuda pública, que rinde más de un 3% anual, mientras que (el BCE)... le presta a la banca al 1%». Este beneficio genera que se estanque la financiación a familias y empresas, o que se logre en condiciones financieras muy onerosas. De nuevo surge el fantasma del ministro Alba, cuyo manejo perverso y criticadísimo del déficit con el redescuento de la deuda se prolongó nada menos que hasta 1959. Ahora, con las variantes que viven Solbes y Salgado vuelve a ser el déficit del sector público un serio factor de perturbación.

Se trompeteó que nuestra deuda del Estado era pequeña aunque, como señaló hace tiempo Feldstein, existía ya otra deuda a añadir, la de las forzosas pensiones a las que se había comprometido el sector público. Efectivamente, eso existía ya, mientras pasaban a ser descomunales la deudas de las economías familiares y las de las empresas. Y ahora, a todas éstas, se suma este desbocamiento de la del conjunto del sector público. Pero, para atender el servicio de esa deuda-intereses, amortizaciones ¿qué rebajas tremendas habrá que hacer en el gasto público, o qué incrementos, que parecen imposibles de tolerar, con los impuestos? Y esto, en una economía en franca depresión.