Carlos Cuesta

Rebelión contra el culpable

¿Alguno de ustedes cree lógico subir el IVA en pleno cierre de 400.000 empresas? ¿O elevar los impuestos mientras el derroche público en gastos corrientes crece a una media de 10.000 millones de euros por año en el último lustro? ¿Alguien entiende que con un déficit de 120.000 millones se apruebe un aumento del 5% del coste en altos cargos? Esperanza Aguirre tampoco lo entiende. Y por eso ha dado forma a un sentimiento popular de rebeldía que crece. Por eso De la Vega derrochó descalificaciones contra Aguirre el pasado viernes. No porque no sepa que hay razones de sobra para rebelarse. Sino porque teme una reacción que empieza a ser mayoritaria.

Si analizamos lo ocurrido en los últimos años, es obvio quién se ha rebelado contra quién. Hace ya seis años que Madrid emprendió una carrera de recortes fiscales en Sucesiones, Donaciones, Patrimonio e IRPF que la han situado como la comunidad con más atractivos fiscales, al margen de los territorios forales; se zambulló en una carrera por convencer a las empresas extranjeras de que si se ubicaban en Madrid contarían con una Administración autonómica que no frenaría su salida en los malos tiempos; y contravino, además, el plan del entonces ministro Montilla, quien indujo una rebaja del número de días festivos de apertura de los hipermercados.

En frente estaba otro modelo económico: el de un Gobierno nacional que en 2006 expuso su plan para incrementar los costes de las empresas con despidos colectivos; el del tripartito catalán, que con Rañé como consejero, amenazó a las compañías que quisieran irse de la comunidad; el modelo de los costes lingüísticos, de las barreras comerciales estatutarias, los dobles etiquetados y las exigencias en los rótulos de los comercios; el de las moratorias a la construcción de centro comerciales; el del aumento de los teóricos costes medioambientales; el del puño en alto en Rodiezmo y el de fotografiarse, como hizo Zapatero, pidiendo «cariño» a UGT. Un modelo que incluyó la amenaza del entonces vicepresidente Solbes, quien advirtió a las comunidades que bajaban impuestos que «luego no exigieran fondos».

Seis años después, Madrid es la locomotora nacional, absorbe el 60% de la inversión extranjera, forma parte del reducido grupo de territorios que no ha vulnerado la ley de control presupuestario, tiene cuatro puntos menos de paro que la media nacional y la mitad de quiebras que Cataluña. Por eso no quiere que se suba el IVA. Porque quien de verdad se ha rebelado no ha sido Aguirre, ha sido un Gobierno nacional que ha actuado en contra de sus ciudadanos y pretende pasarles ahora la factura de su negligencia.