Juan Velarde

¿Por qué no preguntamos a los economistas?

Cuando en el Pontificio Consejo Justicia y Paz preparaban borradores y documentos previos de la que después fue la magnífica encíclica «Centesimus Annus», pieza clave de la doctrina social de la Iglesia, ha quedado para siempre en el Vaticano esta interrogación de Juan Pablo II: «¿Por qué no preguntamos a los economistas?»

El talante de aquel gran pontífice debiera retornar ahora a España, porque es muy seria la realidad coyuntural que nos acongoja. Los economistas académicos ya vienen pronunciándose de modo rotundo, y de manera creciente, desde que se percibió en 2004 que existían serias amenazas de base que, si no se atajaban, iban a crear una realidad de la que sería cada vez más difícil salir precisamente por retrasarse las medidas de rectificación. Pero a esas cohortes crecientes de profesores es preciso agregar los economistas que ocupan puestos clave en la alta administración pública y que, por su independencia, no deben ser desoídos.

Digo esto como reflexión tras leer la espléndida conferencia del gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, «Economía real y sistema financiero. La importancia de las reformas», en el encuentro «Expansión»-KPMG de 23 de febrero de 2009. Porque, efectivamente, el problema básico es el de «determinar en qué medida la economía española está en disposición -o no? de iniciar una nueva fase larga de crecimiento robusto». Y la frase, que puede considerarse central de Fernández Ordóñez es ésta: «Si la economía no mejora sustancialmente debido a la falta de consenso suficiente para acometer reformas estructurales, las entidades de crédito acabarán viéndose dañadas y no podrán ayudar a la recuperación»; Y de estas reformas estructurales hay, según Fernández Ordóñez, dos «mas urgentes y necesarias: la política de consolidación presupuestaria y la reforma laboral», que por supuesto se interrelaciona: «Si no hay reforma laboral, y seguimos básicamente por ello manteniendo cifras de paro tan extraordinarias, las finanzas públicas sufrirán por dos vías: no sólo por el gasto, que ya ha adquirido proporciones ingentes, sino también por al vía del ingreso».

Sobre la consolidación presupuestaria conviene recordar ahora lo que Fernández Ordóñez dijo en el Club Financiero de Vigo el 26 de enero de 2010 que «las políticas de reforma del gasto público necesarias para volver a unas cuentas públicas saneadas, ... requerirán un esfuerzo excepcional de todos, y en especial de las comunidades autónomas y ayuntamientos, porque son los entes que concentran la mayor parte del gasto público y el mayor número de funcionarios», por lo que «en países con una descentralización presupuestaria tan intensa como España, las dificultades se acrecientan».

Y acerca de la reforma laboral acaba de decirnos con mucha oportunidad, que se debe evitar que sea «de bajo alcance, como si pudiésemos permitirnos el lujo de acometer esta reforma con lentitud, en varios años». Otro mensaje más, que se suma al de multitud de economistas académicos, y que bien merecería la pena de que, con urgencia, se escuche.