Pío Moa

Represión / Valle de los Caídos

Según explica Ramón Salas Larrazábal, por ley que, creo recordar, data ya del siglo XIX, y con el fin de no dar pie a infamación del difunto, los registros citan, o citaban, la causa inmediata material de muerte y no las circunstancias de la misma. No ponían, por ejemplo, “por fusilamiento” o "por ejecución legal", sino “por hemorragia” o cosa por el estilo. La izquierda, con su habitual demagogia, ha destacado mucho estos “encubrimientos” de la represión franquista, cuando lo mismo ocurría en los dos bandos, y los franquistas no tenían entonces el menor reparo en exponer los hechos fuera de los registros. Ello hace difícil muchas veces discernir si una persona falleció realmente por represión o por otras causas. Sobre la fiabilidad de las cifras y datos de los estudios (subvencionados por el poder, no independientes) que han proliferado estos años, Ángel David Martín Rubio ha examinado sus muy diferentes y casi siempre deficientes métodos, no pocas veces basados en rumores o relatos orales nunca muy fiables. Máxime, cabe añadir, cuanto que declararse ahora descendiente de víctimas reales o supuestas, incluidos familiares de etarras, supone un no desdeñable ingreso de dinero y facilita los "recuerdos" y "testimonios".
Así, Martín Rubio ha detectado en el libro del stalinista Espinosa, muy celebrado en su momento por la progresía, desde repeticiones a inclusión de víctimas derechistas como si fueran izquierdistas, muertos en condiciones dudosas, que pueden ser de combate, etc. Otra dificultad es que a menudo aparece la misma persona en dos registros, el del lugar de la muerte y el de su lugar de origen. Por ejemplo un señor de Lugo puede aparecer al mismo tiempo en Teruel, donde quizá murió en la batalla, y en su pueblo natal.
Pero los carroñeros de izquierda han tratado de centrar la disputa en el número de víctimas, inflando sin tasa las causadas por los nacionales, disminuyendo los del Frente Popular, olvidando las circunstancias generales y origen del conflicto, quiénes lo empezaron, no solo en 1934, sino desde las elecciones mismas de 1936, el especial sadismo de muchos de los crímenes de la izquierda, y el carácter genocida (este sí) de la persecución religiosa. En Los crímenes de la guerra civil he tratado estas circunstancias, que los estudios subvencionados suelen tergiversar o dejar de lado.

Recurren ante la Justicia el cierre del Valle de los Caídos. Eso, para empezar. Pero al mismo tiempo debe darse la máxima publicidad e informar a todo el mundo sobre el fondo del asunto, sin dejar campo libre a la demagogia de la izquierda. Un modo de hacerlo es difundir el manifiesto firmado por más de 30 historiadores, entre ellos Ricardo de la Cierva, Jesús Salas Larrazábal, Jesús Palacios, Miguel Platón, Horacio Vázquez Rial, Juan Blanco, Ángel David Martín Rubio, David Gress, Dominique Venner, Ángel Maestro, Carlos Caballero Jurado…:

1.- El Valle de los Caídos es uno de los monumentos más grandiosos, armónicos e integrados en el entorno edificados en el siglo XX en todo el mundo, y como tal uno de los más visitados. Construido sin coste para la Hacienda pública, por medio de donativos y loterías especiales.

2.- El monumento, alzado en recuerdo de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil, pasó pronto a tomar carácter de reconciliación, al enterrarse en él restos de soldados de ambos bandos, algo muy poco usual entre los vencedores de una guerra. La reconciliación no parece haber sido aceptada por algunos círculos ni por el actual Gobierno, que viene hostigando a los monjes encargados de cuidar el lugar, privándoles de ingresos y cerrando con falsos pretextos el acceso a parte del monumento. Se ha hablado de anular su carácter religioso, de transformarlo en museo de la llamada "memoria histórica", y no han faltado incitaciones a volarlo.

3.- Como justificación de su actitud, el Gobierno y asociaciones financiadas con dinero público han divulgado que el Valle de los Caídos fue construido por 20.000 presos políticos en régimen de esclavitud, pésimas condiciones y elevada mortandad. Estos datos, como tantos de la "memoria histórica", chocan con la documentación hoy conocida. Esta documentación prueba que la mayoría de los obreros del Valle fueron libres; los reclusos --comunes e izquierdistas acusados de delitos-- trabajaron durante seis de los dieciocho años de la construcción, un máximo de 700 en algún momento y sin llegar a 2.500 en total; eran voluntarios, pues redimían hasta seis días de condena por día trabajado; cobraban sueldo normal y con vigilancia escasa; entre libres y presos hubo 14 accidentes mortales, número considerado bajo para una obra de tal envergadura. Tampoco está probado el que Franco quisiera ser enterrado allí, una decisión tomada por el rey Juan Carlos.

4.- Los españoles tienen derecho a conocer las pruebas en que se basan las versiones del Gobierno y sus afines, y estos el deber de ofrecerlas. De otro modo deberíamos concluir que la opinión pública sufre un nuevo y lamentable episodio del "Himalaya de mentiras", como definió el socialista moderado Besteiro o el liberal Marañón unas propagandas generadoras de odios que todos creíamos superados.

5.- Aun en el muy improbable caso de que tales pruebas existiesen, nunca justificarían unas actitudes que entrarían en una tradición desastrosa de destrucciones y saqueos de arte y bienes del Patrimonio Histórico Nacional como los ocurridos en la Guerra Civil. Por todo ello, los historiadores firmantes nos consideramos obligados a denunciar una situación que revive divisiones del pasado y que ningún país civilizado puede tolerar.