César Vidal

Futuro de Llongueras

Leo con verdadero estupor que Lluís Llongueras, el famoso estilista, acaba de ser despedido de la empresa que creó hace tiempo y que a él debe su existencia mediante el expeditivo expediente de enviarle un sencillo burofax. La empresa reconoce «la improcedencia del despido» y ha decidido ofrecer a Llongueras la cantidad de 6.258,63 euros en concepto de indemnización máxima junto con 888,07 euros netos «en concepto de liquidación, saldo, finiquito y nómina». Por si fuera poco, quien ha enviado el burofax a Llongueras indicándole que su futuro reside, como si se tratara de un réprobo, en las tinieblas externas es ni más ni menos que su hija. Desconozco todos los detalles de la historia, pero no me negarán los lectores que tiene su aquél que te lancen a la calle desde un negocio propio y que precisamente sea un descendiente el que lleve a cabo semejante labor. Con todo, lo que más me llama la atención, a decir verdad más me inquieta, es hasta qué punto el drama personal de Llongueras parece una versión en miniatura de lo que está pasando toda España. Permítanme que me explique. Como es sabido –aunque lo que pasó se parece escasamente a lo que relatan los fans de la mal llamada Memoria histórica– en España se produjo una cascada de experimentos revolucionarios durante los años treinta que acabó derivando en una guerra civil y desembocó en una de las dos dictaduras que podían haber recaído sobre esta pobre nación. A lo largo de veinte años durísimos, la nación estuvo sometida a ese socialismo de color azul mahón del que vienen tantos dirigentes actuales del PSOE y, como en todos los socialismos, se sufrió el intervencionismo, la cartilla de racionamiento y el hambre. En 1959, tuvo lugar una liberalización de la economía, tímida, pero suficiente para que la nación remontara en los sesenta gracias a unos españoles que trabajaban a destajo, a ser posible en varios empleos lo que era posible, seguramente, porque la tasa de desempleo era inferior al dos por ciento. Durante las décadas siguientes, esos mismos españoles y sus hijos han ido recibiendo sobre sus anchas espaldas los gastos de las autonomías que levantan casales de Cataluña en Nueva Gales del sur y llenan el globo de inútiles embajadas; los dispendios de ayuntamientos como el que rige «Tutangallardón» capaces de endeudarse como un país tercermundista; los privilegios acumulados de castas como los sindicatos y la patronal que, salvo gastar dinero y ayudar a que aumente el número de parados, no son conocidos por nada bueno. Ahora a esas generaciones que han acumulado brega, trabajo y sudores, los que llevan viviendo décadas a su costa les dicen que les van a recortar las pensiones. No han recortado las pensiones de oro de los legisladores. Tampoco han limitado el dinero que sale de nuestros bolsillos en dirección directa a las arcas de los sindicatos. Mucho menos han adelgazado un estado autonómico que imposibilita para actuar a cualquier gobierno nacional siquiera porque lo ha dejado sin fondos. Han decidido reducir las pensiones. Con todo, demos gracias a Dios porque tal y como siguen gastándose nuestro dinero el día menos pensado nos llega un burofax informándonos de que, mediante el pago de 887 euros, estamos finiquitados. ¡Vamos que nos espera un futuro de Llongueras!