Isabel San Sebastian

LA TRASTIENDA

Jueces, jueces y juez

Hay oficios especialmente despreciables a ojos de la ciudadanía. En estos momentos el que se lleva la palma es sin duda el de político, pero los periodistas tampoco gozamos de una gran imagen y otro tanto puede decirse de los jueces, que suspenden en todas las encuestas. Dentro de los tres colectivos pagan justos por pecadores, pero si hay uno en el que la injusticia resulta clamorosa es el de los servidores de la Ley.

En España trabajan actualmente unos 4.500 jueces y magistrados; muchos menos de los que harían falta. Con la excepción de los beneficiados por ese cuarto turno destinado principalmente a enchufar a los amigos de los partidos, la inmensa mayoría de esos profesionales ha tenido que estudiar una carrera universitaria y superar una durísima oposición, invirtiendo los 10 mejores años de su vida, antes de empezar a ejercer su función en condiciones penosas, con escasos medios, menos personal, un sueldo mediocre y una cantidad de trabajo abrumadora. Casi siempre por vocación. Hace unos meses, 1.096 de ellos, de todas las ideologías, firmaban un manifiesto lleno de sentido común exigiendo a la clase política que sacara sus zarpas de su mundo y respetara la independencia del Poder Judicial, violentada sin piedad desde que el PSOE mató a Montesquieu.

¿Quién desprestigia a la Justicia? Su lentitud, debido a la falta de recursos; otros jueces y magistrados, como ciertos componentes del TC, el CGPJ y en general las altas instancias a las que no se llega sin el respaldo de unas siglas; y Garzón. La estrella de la Audiencia Nacional. El togado más televisado de España y uno de los mejor retribuidos. Un presunto prevaricador que se presta a servir de bandera a la izquierda nostálgica del 34, empeñada en resucitar la Guerra Civil.

Pero con ser lo suyo grave, lo del Constitucional es mucho peor. Cuatro años, cinco borradores, innumerables reuniones y presiones de todo tipo, para parir un ratón. Lo que se sabía desde el principio. Que hay personas capaces de tragarse un sapo con tal de estar en el machito y otras que no. Que la Constitución dice lo que dice y Cataluña no puede ser una nación. Que el Estatuto por el que se rige la vida de los catalanes vulnera nuestra Carta Magna. Que el zafio intervencionismo gubernamental ha impedido emitir una sentencia en tal sentido, lo que alienta y perpetúa la situación de flagrante ilegalidad. Que pasarán meses o años antes de que se produzca una nueva resolución, llegarán las elecciones, y los habitantes de esa comunidad irán a votar por segunda vez sin saber a qué atenerse. Que el desprestigio del Alto Tribunal es irreversible.

¡Qué vergüenza!