Carlos Cuesta

Desinformación interesada

Si las instituciones e inversores internacionales esperaban un plan de recorte que evitase nuestra debacle, se han encontrado con el peor mensaje que podían recibir: el de una patética cruzada nacional contra el supuesto demonio de la especulación.

La vicepresidenta De la Vega, amparada por su fiscal general, Conde Pumpido, ha advertido al mundo entero de que perseguirá con nuestros saturados y politizados medios judiciales el teórico abuso de información privilegiada que, según su Gobierno, está atacando no sólo a España, sino al euro. Un mensaje que Zapatero reforzará en el Congreso este miércoles, fecha en la que explicará cómo actúan esos malvados especuladores -que, por cierto, no son otros que los mismos que nos prestan uno de cada dos euros que gastamos, porque el Gobierno ya gasta el doble de lo que ingresa-.

El daño provocado por este tipo de declaraciones es grave. Nuestro diferencial con el bono alemán casi se ha duplicado en dos meses, lo que ha supuesto un incremento del coste financiero de un 25% en la última emisión de deuda. Se lo traduzco: de continuar así la tendencia, nuestro pago de intereses anual se habría incrementado en torno a 7.000 millones de euros, es decir, que se habría comido con creces el anunciado -y utópico- incremento de recaudación perseguido con la subida del IVA. Pero además, mensajes de este tipo suelen evocar en la mente de los inversores un eco amargo. Como el que dejó Argentina, que se hundió en la quiebra tras toda una sarta de acusaciones al mundo entero y a los especuladores supuestamente encabezados por EEUU.

Ninguna conspiración es culpable de la pérdida de confianza de los inversores en la Bolsa y la deuda españolas. La causa es tan simple y tan dramática como la evidencia de un Gobierno -preso de los sindicatos y de su ideología- incapaz de recortar el gasto más allá de 37 céntimos por persona, como se desprende de su último plan de reducción de gastos, pese a tener un déficit de 2.600 euros por habitante; la certeza de un Gobierno bloqueado ante la reforma de un mercado laboral que se cobra 3.100 empleos al día; y la constatación de un Gobierno que convoca pactos y reuniones de urgencia cada tres días para, sin más, certificar su inmovilismo.

Nada de esto es información privilegiada. Y hablar ahora de la lucha contra los rumores y las informaciones interesadas tan solo puede despertar dos hedores: el del intento de control y amaño de la información, o el del deseo de buscar un pretexto para seguir sin abordar los problemas. Cualquiera de los dos, les aseguro que será descontando con más temor por el mercado internacional.